Cuando Richard Stallman ideó las bases del movimiento del software libre, allá por 1983, lo tenía muy claro: todo programa informático debe poder usarse para cualquier propósito, estudiarse para adaptarlo a otras necesidades y distribuirse sin restricción alguna, incorporando esas posibles modificaciones. Parece un consenso generalizado que estas cuatro libertades son las que han hecho posible la popularización de un sistema operativo –GNU/Linux– que se reconoce como el más seguro, sobre el que corren miles de programas y que constituye un modelo de negocio –el del open source o código abierto– que satisface tanto a pequeñas cooperativas como a gigantes tamaño Google, pasando por comunidades hackers. Para asegurar que estas libertades no chocan con las normativas de propiedad intelectual, la Free Software Foundation presentó las licencias GPL (licencia pública general, en inglés) en 1989. Desde entonces han aparecido numerosas versiones de licencias libres, que se ofrecen para que desarrolladores informáticos o creadores de cualquier trabajo intelectual puedan expresar fácilmente cómo quieren permitir que se utilicen sus obras. En otras palabras, una declaración pública sobre cómo han decidido administrar y ceder sus derechos de autoría.

"No son resultado de una ingenuidad biempensante, ingenuo es pensar que no se han pensado suficiente"

Sin embargo, al trasladar el modelo open source a otros campos de la creación surgen dudas sobre su viabilidad. Por ello se inventaron las licencias Creative Commons, que proponen modalidades que no son estrictamente libres porque permiten prohibir la adaptación o el uso con fines comerciales (muy usadas por creadores que buscan difusión pero temen perder el control sobre los ingresos económicos). El activista Isaac Hacksimov recuerda que “las licencias libres no son el resultado de una ingenuidad biempensante, sino una apuesta política que viene de treinta años de debates”. A Stallman “no se le ha aceptado acríticamente, lo que es ingenuo es pensar que no se ha pensado lo suficiente”, puntualiza mientras enumera motivos prácticos y teóricos para mantener sus cuatro libertades.

La informática insumisa

No todas las personas que se dedican al software libre comparten esta visión. El desarrollador Alejandro Bonet publicó en 2006 una licencia llamada SLUC (Software Libre para Uso Civil), que prohibía explícitamente el uso militar. Su acogida fue tibia y generó más dudas. Otro activista del software libre, Axebra, se pregunta: “¿qué es un uso militar? ¿Existe esa categoría en Derecho o alguna que se adapte?”. En su opinión, licencias como la GPL son “un hackeo legal”, en el sentido de que utilizan el ordenamiento jurídico para expandir los derechos comunitarios, y no deben convertirse en manifiestos éticos y políticos para no perder poder legal. Por otra parte, Isaac Hacksimov duda de la utilidad práctica de este límite: “los ejércitos nunca han respetado nada, ni siquiera la propiedad privada”.

Aunque no sea hayan generalizado, sí hay desarrolladores que intentan acotar las aplicaciones de su trabajo. La licencia de JSON, una tecnología para el traspaso de información entre servicios web, tiene una formulación tan vaga como que “debe ser usado para el bien, no para el mal”. Sevy es otro desarrollador, autor de un software de teledetección que podría ser aprovechado para control gubernamental. Su licencia explícitamente prohíbe su uso a proyectos militares o represivos o que promuevan racismo, xenofobia, sexismo, homofobia, religión “y todo lo demás”. Ha recibido varias críticas por su falta de validez legal, porque no es estándar o porque no se puede garantizar su uso ilegítimo. “Me da igual, sólo actúo como me gusta”, afirma. En la misma línea, algunos desarrolladores añaden la Cláusula Mariposa para pedir que sus creaciones no sean usadas por organismos o Estados para violar los derechos humanos.

Los argumentos por la libertad total "son retórica pura para conseguir esclavos que trabajen gratis"

Varias de las fuentes consultadas nos cuentan que ese tipo de limitaciones harían que la expansión del software libre se viera mermada. Andreas Speak, participante en el Movimiento de Objeción de Concien­cia (MOC) que trabaja en el ámbito del software libre, reconoce que “como antimilitarista no me gusta el uso militar de software libre, pero entiendo que una prohibición como ésta iría en contra de su espíritu.”

Protección para periodistas

Conforme va proliferando el periodismo ciudadano, el debate salta a las comunidades de activistas que producen contenidos para difundir por internet, cuyo trabajo frecuentemente reutilizan medios de comunicación corporativos sin que se les remunere. El videoperiodista Jaime Alekos explica que publica con licencia Creative Commons “para facilitar la difusión”, pero prohíbe el uso comercial: “si quiero poder seguir haciéndolo, tener el equipo necesario, el tiempo y la libertad de horarios, necesito ingresos”. En el caso de que sus imágenes interesen a una agencia o programa televisivo, “si no tuviera esa cláusula, las cogerían gratis y estaría reventando la profesión”. De hecho, los efectos de los contenidos libres sobre el mercado de contenidos producidos por periodistas freelance es una de las mayores críticas que reciben sus defensores. Alekos, además, ha iniciado acciones legales contra los canales de televisión comerciales que han emitido sus vídeos y está consiguiendo que éstos se acostumbren a remunerarlos.

Conviene recordar que estas licencias son propuestas tipo, pero que cada persona puede escribir sus propios términos legales. Mario Munera, otro videoperiodista freelance, utiliza un texto propio que permite el uso “a personas físicas”. “Para mí no es lo mismo El País, que mi padre, que DIAGONAL. El País tiene modelo de negocio, DIAGONAL tiene también retorno al común”. Por eso quiere que personas físicas, sin fines lucrativos, como su padre, puedan copiar y modificar sus vídeos; y, en el caso de empresas o colectivos, prefiere que no sea así por defecto. A DIAGONAL, por ejemplo, los cede expresamente.

Isaac Hacksimov, en contra, alega la potencia de la cláusula share alike (SA), compartir igual, de las licencias Creative Commons, que obliga a recompartir con la misma licencia. “Es vírica, crea un torrente de libertad”. Recomienda huir de “la cultura del permiso” porque para tener que pedirlo implica emplear mucho tiempo y “sabotea la creación colectiva”.

Discriminar entre quien copia

Munera también es partidario del no endorsement, no apoyo, que se discutió para la versión 3.0 de las Creative Commons pero no llegó a implementarse. Atajaría el problema de los derechos morales, en el sentido de que un autor podría negarse a que su trabajo sea utilizado en producciones con las que no está ideológica o moralmente de acuerdo. Ya en 2011, el tecnólogo Dmytri Kleiner proponía explorar el potencial revolucionario del copyleft observando la propiedad de los medios de producción con la licencia Copyfarleft: “una imprenta cooperativa propiedad de los trabajadores debe poder reproducir, distribuir y modificar el stock común como quiera, pero una compañía editorial privada no podría tener libre acceso”. Otro enfoque es el de Move Commons, un proyecto que busca complementar las condiciones de las licencias con etiquetas en positivo: expresan si un proyecto tiene o no ánimo de lucro, si refuerza los bienes comunes, si es exclusivo o si se gestiona con horizontalidad.

“Empezar a acotar es una locura”, asegura Hacksimov. “Hay que entender las licencias libres como el disolvente del capitalismo porque empieza a erosionar el sistema de la propiedad intelectual”. En su opinión, “estás haciendo más daño obligando a respetar tu licencia libre en los términos que tú propongas que pidiendo que te paguen” y reclama una perspectiva a largo plazo que entienda que hay que poner en cuestión el sistema de retribución a la creación. Por su parte, y tajante, Alekos opina que algunos argumentos a favor de la libertad total son “retórica pura para conseguir esclavos que hagan gratis un trabajo".

 Las Creative Commons llegan a su versión 4.0

En noviembre se presentaba la versión 4.0 de las licencias Creative Commons (CC), fruto de dos años de debates para mejorar sus funcionalidades. Estrenadas en 2002, tienen como finalidad facilitar que cualquier persona pueda compartir sus creaciones cediendo parte de sus derechos y determinando cómo pueden reproducirse. Existen seis tipos de licencias CC, en función de si se quiere permitir uso comercial o no (‘NC’ significa “no comercial”), si se pueden hacer obras derivadas o remezclas (‘ND’ es “no derivada”) y de si se quiere exigir que la obra o sus derivadas mantengan la licencia elegida (‘SA’ es “compartir igual” en inglés). La versión 4.0 mejora algunos puntos débiles de sus formulaciones anteriores.

La privacidad queda mejor regulada

Esta  versión añade aclaraciones más explícitas sobre los derechos de imagen de las personas que aparecen retratadas. Además, los autores originales de obras derivadas pueden permanecer anónimos, si no quieren que su nombre se relacione con ellas.

Más fáciles de leer y citar

Se ha reescrito el texto para que sea más fácil de comprender y se adapte de manera generalista a las jurisdicciones de más de 60 países. Se facilita la mención a la autoría (obligatoria siempre ya que el reconocimiento es un derecho moral inalienable según las convenciones internacionales): ahora, en internet, basta con incluir un enlace a un lugar donde figure el nombre.

Treinta días para corregir usos fraudulentos

Una licencia Creative Commons pierde vigor sobre una obra en cuanto alguien la utiliza incumpliendo sus términos. En ese momento, y para ese caso, comienza a regir la normativa habitual en cada jurisdicción. Sin embargo, las nuevas CC introducen un periodo de gracia de 30 días: si se modifica el uso de la obra para respetar los términos originales de la CC correspondiente dentro de ese plazo, ésta seguirá siendo válida en el futuro.